Yendo al terreno de los principios:
La concepción social del Estado es antitética a la concepción liberal del mismo, que lo entiende como un “mal necesario” y pide su no intervención y su práctica anulación en beneficio de las reglas internacionales del “mercado”.
Para nosotros el Estado es el instrumento político del que se dota una comunidad nacional-popular para actuar en el plano político, para mantener su especificidad/identidad y para proyectarse como tal en el devenir histórico.
El Estado tiene por lo tanto la potestad y la obligación de velar por la máxima realización de todos los miembros de esa misma comunidad nacional-popular, por lo tanto tiene la obligación de que todos sus miembros tengan una jubilación digan, una sanidad gratuita y una educación que permita a los hijos de las clases menos favorecidas económicamente lograr tener exactamente las mismos posibilidades académicas y profesionales. Eso es “intervención” social anti-liberal, desde la lógica liberal la sanidad, pensiones o educación pueden ser un negocio, desde el punto de vista nacional, no, nunca.
En Economía el Estado puede intervenir o no, ésta no es la cuestión la cuestión es que, como siempre ha sido en las sociedades europeas, la función soberana/política (llamada primera función) está por encima de la económica/productiva (llamada tercera función) por lo tanto la obligación del Estado es que la función económica cumpla con su función, es evidente –la experiencia lo demuestra- que las economías funcionan por la actividad personal y empresarial privada, y eso es positivo, el Estado –en vía de principio- sólo puede intervenir cuando eso no es así, o cuando necesidades políticas lo determinen, pero jamás -como en los países comunistas- para entorpecer la acción económica y empresarial privada.
Eso sí el Estado debe determinar sectores estratégico cuyo objetivo es el servicio a la comunidad nacional-popular, que el Estado intervenga o no en ellos, es una decisión para la que está legitimado, pero su intervención también puede ser “no intervenir”, evidentemente.
Vuelvo al inicio, es una cuestión de principios: el soberano por encima del económico, y asumido esto, la función económica –de gestión privada- debe funcionar lo mejor posible -apoyando la economía productiva y sancionando la economía especulativa- y el Estado debe facilitar esta circunstancia, nunca impedirla.
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